España podría haber sido un referente en vivienda pública: 5 millones de hogares perdidos por la privatización

La crisis de la vivienda en España es un tema recurrente y preocupante que agita tanto las calles como las redes sociales. Un reciente informe de CCOO Estudios presenta una visión reveladora: España podría haber tenido un parque público de vivienda de 4,7 millones de unidades si la privatización no hubiera sido la norma desde 1980. La realidad, sin embargo, es muy diferente. La falta de políticas efectivas en el ámbito de la vivienda ha llevado a una situación insostenible que afecta a millones de ciudadanos.

Un parque público de vivienda que pudo ser

Imagina un país donde el acceso a la vivienda no sea un lujo, sino un derecho garantizado para todos. Según el informe, si la regulación de la vivienda protegida no hubiera permitido la privatización de 2,7 millones de viviendas a precio asequible, España podría haber sido ese lugar. “El potencial de un parque público de vivienda es enorme”, afirma el estudio, y resalta que los errores cometidos en las políticas de vivienda han tenido consecuencias devastadoras para el bienestar social y económico del país.

La privatización: un camino hacia la escasez

Desde 1980, España ha visto cómo la regulación de la vivienda protegida ha permitido que un número alarmante de viviendas se haya privatizado. Esta decisión, que inicialmente se justificó como una forma de estimular el mercado, ha resultado en un déficit significativo de vivienda pública. La transformación de esas 2,7 millones de viviendas en propiedades privadas ha dejado a miles de familias sin opciones asequibles. La pregunta es: ¿qué se ganó realmente con esta política?

El informe de CCOO Estudios destaca que, en lugar de fortalecer el acceso a la vivienda, estas regulaciones han alimentado una dinámica que favorece a los grandes propietarios y promotores inmobiliarios. La privatización ha sido un factor que no solo ha limitado la disponibilidad de vivienda pública, sino que también ha incrementado la especulación en el mercado inmobiliario.

Gastos que no rinden frutos

Otro punto crítico que plantea el informe es la ineficiencia en el gasto destinado a políticas de vivienda. Durante los últimos 40 años, España ha invertido más de 200.000 millones de euros en este sector, pero “poco eficaz y eficiente”. La falta de planificación y ejecución ha llevado a que se haya desperdiciado una cantidad significativa de recursos que, de haberse utilizado adecuadamente, podrían haber construido hasta dos millones de viviendas públicas.

“Es inaceptable que mientras el gasto en vivienda se dispara, la situación para las familias sigue siendo crítica”, advierte el informe. La realidad es que las políticas aplicadas han sido incapaces de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible. En su lugar, han perpetuado un modelo que beneficia a unos pocos, mientras que millones de ciudadanos luchan por encontrar un hogar.

La caída de la vivienda protegida

La tendencia es alarmante. El número de nuevas construcciones de vivienda protegida ha sufrido un deterioro significativo en la última década. El informe señala que la oferta de inmuebles protegidos en el mercado se ha vuelto “anecdótica”. Las cifras hablan por sí solas: entre 2013 y 2023, se han perdido 368.000 viviendas protegidas. Esto es particularmente preocupante, dado que las enajenaciones de viviendas protegidas han superado a la cifra de nuevas construcciones.

Esta pérdida no solo refleja una mala gestión, sino que también está estrechamente relacionada con la especulación inmobiliaria que ha dominado el sector. La idea de que las viviendas protegidas deben ser accesibles se ha desdibujado, dejando a muchas familias en una situación precaria.

El esfuerzo de las familias: una carga insostenible

Mientras la construcción de viviendas a precio libre ha aumentado, el esfuerzo que las familias deben realizar para acceder a un hogar sigue siendo exorbitante. En 2007, el esfuerzo hipotecario para las familias alcanzaba el 47%, lo que significa que se tenían que destinar, en promedio, 10 salarios anuales para adquirir una vivienda. A pesar de los avances en la construcción de viviendas, esta carga financiera sigue siendo una realidad abrumadora para muchas familias españolas.

Las historias de familias que luchan por encontrar un hogar asequible son cada vez más comunes. “No entiendo cómo, en un país con tantos recursos, nos vemos obligados a elegir entre pagar la hipoteca o comer”, comenta María, una madre de dos hijos que ha estado buscando un hogar adecuado durante años. Este testimonio refleja la frustración y la desesperación que sienten los ciudadanos en un mercado que parece estar diseñado en su contra.

Un futuro incierto

El informe de CCOO Estudios pone de relieve una realidad que no se puede ignorar: la vivienda digna es un derecho, no un privilegio. Si bien los números son impactantes y las consecuencias son palpables, el camino hacia una solución efectiva y sostenible parece estar lleno de desafíos. La falta de un enfoque integral y la continua privatización de la vivienda pública no solo afectan a las familias, sino que también repercuten en la estabilidad social y económica del país.

La reflexión sobre el futuro de la vivienda en España es ineludible. La pregunta que queda flotando en el aire es si habrá un cambio real en las políticas que rigen el acceso a la vivienda. Mientras tanto, millones de españoles continúan esperando una respuesta, un hogar y, sobre todo, un derecho que debería ser inalienable.